:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/f166835a-1a07-4080-9c33-5e7ee83f5eab.png "Foto de Agencia EFE")
La Justicia argentina concedió este martes el beneficio de prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015), luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia que la condena a seis años de cárcel por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El juez Jorge Gorini, encargado de la ejecución de la sentencia, determinó que Fernández, de 72 años, cumpla la condena en su domicilio ubicado en el barrio porteño de Constitución, donde ya se encuentran concentrados simpatizantes de la exmandataria desde la semana pasada. Con esta decisión, la exjefa de Estado no tendrá que comparecer ante el tribunal este miércoles, como estaba previsto.
La resolución judicial establece que Fernández no podrá abandonar su domicilio, salvo en casos excepcionales debidamente justificados. Además, deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la convivencia pacífica de los vecinos.
La exmandataria deberá presentar en un plazo de 48 horas un listado con los nombres de las personas que integran su grupo familiar, su custodia policial, médicos tratantes y abogados, quienes podrán ingresar a su domicilio sin necesidad de autorización judicial previa.
La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal será la encargada de supervisar el cumplimiento de estas condiciones, presentando informes trimestrales ante la Justicia. Asimismo, el juez ordenó la instalación de un dispositivo electrónico de vigilancia, pese a la oposición de la defensa de Fernández, que consideró innecesario dicho control y lo calificó de “humillante”.
El beneficio de prisión domiciliaria está previsto en la legislación argentina para personas mayores de 70 años, aunque su otorgamiento no es automático. En este caso, la defensa también alegó la condición de Fernández como exmandataria y el antecedente del intento de magnicidio ocurrido en su contra en septiembre de 2022.
La Fiscalía se opuso a la medida, argumentando que “no se advierten razones humanitarias” que justifiquen el arresto domiciliario.
Cristina Fernández fue condenada en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015, período que abarcó sus dos mandatos presidenciales y el de su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner.
Junto con la pena de prisión, se le impuso inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
