Unos 14 millones de los casi 18 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas hoy para elegir un binomio presidencial, 151 diputados y cinco parlamentarios andinos para el periodo 2025-2029. En total, 16 candidatos aspiran a convertirse en el próximo jefe de Estado, pero de ellos son dos los que tienen las opciones más claras: el actual mandatario neoliberal Daniel Noboa y la abanderada del correísmo Luisa González.
En noviembre de 2023, ambos fueron finalistas en unas elecciones extraordinarias para completar la gestión de Guillermo Lasso, quien disolvió el Congreso en medio de una crisis interna y acortó su propio mandato. Entonces, Noboa venció con el 51.83% de los votos y González obtuvo al 48.17%.
Para estos comicios, una encuesta de Ipsos de fines de enero dio al actual presidente un 45.3% de intención de voto frente a 31.3% de González. Mucho más rezagados se ubicaban la ambientalista Andrea González (5.1%) y el indigenista Leonidas Iza (2.4%). Otro sondeo, de la firma Comunicaliza, otorgó a Noboa 47.1% de los votos frente al 39.5% de González. Mientras que la encuestadora Informe Confidencial adjudicó a Noboa un 37% contra 29% de González.
Con estas cifras, no está claro que haya vencedor en primera vuelta. Según las leyes de Ecuador, se requiere superar el 50% de los votos o al menos el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. De lo contrario, los dos candidatos más votados van al balotaje.
Correísmo versus anticorreísmo
González, como heredera política de Rafael Correa, espera capitalizar el voto duro de un sector de la población que aún añora la bonanza económica alentada por los altos precios de los commodities -especialmente del petróleo- que se vivió durante la gestión del exgobernante izquierdista, hoy exiliado en Bélgica al haber sido condenado en 2020 a ocho años de prisión por corrupción. Pero el anticorreísmo también es fuerte y es la carta a la que apela Noboa.
El actual mandatario ha buscado ganar más apoyo al mostrar mano dura contra el crimen organizado, uno de los principales problemas de Ecuador. Declaró al país bajo “conflicto armado interno” desde inicios de 2024 para enfrentar a la violencia de las bandas criminales, a las que pasó denominar como “grupos terroristas”, y ordenó una serie de estados de excepción donde puso a los militares a combatir las organizaciones criminales.
Sus detractores, sin embargo, señalan que no ha hecho lo suficiente para reducir la violencia. Los homicidios crecieron de seis por cada 100,000 habitantes en 2018 a 38 en 2024. Si bien el año pasado los asesinatos cayeron con respecto al récord de 47 en 2023, el nivel de violencia permanece alto y otros delitos como los secuestros y las extorsiones han subido. De acuerdo con el diario español El País, enero ha sido el mes más sangriento de la historia de Ecuador desde que hay registros y se han contabilizado 731 homicidios.
En el plano económico, los cortes de energía -que el Gobierno achacó a las sequías que afectaron el funcionamiento de las hidroeléctricas- causaron pérdidas por 7500 millones de dólares. Además, la administración de Noboa ha buscado equilibrar las cuentas públicas de Ecuador, al amparo de un programa crediticio del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que implicó la subida de impuestos como el IVA (impuesto al valor agregado) del 12% al 15%, y la reducción de los subsidios a las gasolinas más consumidas.
“Iba a bajar el precio de la gasolina y subió, iba a bajar el precio de la luz y nos dejó a oscuras con apagones [...] y nos subió el IVA. Dijo que era para dar seguridad, pero aquí nadie se siente más seguro”, acusó González el jueves durante su cierre de campaña.
En suma, estas elecciones se vislumbran como una suerte de examen del breve mandato de Noboa, quien no ha estado exento de polémicas como el allanamiento de la embajada de México para capturar al exvicepresidente correísta Jorge Glas -acusado de corrupción-, o nombrar por decreto como “vicepresidenta encargada” a Cynthia Gellibert en reemplazo de Verónica Abad -con quien está enfrentado-, un acto declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.
