El Gobierno del presidente Joe Biden anunció esta semana un nuevo programa que permitirá regularizar a más de medio millón de migrantes que viven en el país sin un estatus legal, adelantaron funcionarios en una llamada con reporteros. Conoce quiénes se beneficiarán y cuáles son los requisitos.
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La decisión, que beneficiará principalmente a las personas casadas con ciudadanos estadounidenses, llega a menos de cinco meses de unas elecciones presidenciales en las que la gestión de la migración se ha convertido en un tema central para los estadounidenses.
El nuevo alivio migratorio es uno de los más importantes desde que la Administración de Barack Obama creó en 2012 el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que ha permitido a más de 800.000 migrantes obtener permisos de trabajo y protección frente a la deportación.
Sin embargo, las nuevas políticas tardarán meses en entrar en vigor y concederán a los migrantes la oportunidad de dar solo el primer paso en el proceso para conseguir permiso de residencia en EE.UU., que puede prolongarse años.
¿En qué consiste la regularización de migrantes?
El programa se apoya en una figura legal conocida como “parole”, que otorga a quienes ya están en territorio estadounidense protección frente a la deportación y les posibilita aplicar a un permiso de trabajo.
Con este permiso, que tendrá una validez de tres años, los migrantes que entraron al país de manera irregular y están casados con ciudadanos estadounidenses pueden solicitar la residencia y, eventualmente, la ciudadanía.
“Estas personas tienen profundos lazos familiares y con su comunidad en EE.UU.”, señaló uno de los funcionarios que adelantaron la medida en una llamada con periodistas.
Requisitos para acceder a beneficio
Para solicitar este alivio, la persona tiene que haberse casado con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024 y haber vivido en el país al menos 10 años.
A su vez, los hijos menores de 21 años de quienes están casados con estadounidenses y que tampoco tengan un estatus legal también pueden obtener el permiso.
No obstante, acotaron los funcionarios, los migrantes que hayan sido deportados de EE.UU. en el pasado no califican para esta protección.
En teoría, las personas indocumentadas pueden obtener la residencia si se casan con un estadounidense. Sin embargo, para hacerlo deben salir del país y acudir a una embajada, lo cual conlleva el riesgo de que se les prohíba la entrada de nuevo por periodos de 3 a 10 años, como represalia por haber estado en EE.UU. sin estatus legal.
Esta situación, reconocieron los funcionarios, ha llevado a que muchas familias “vivan con miedo y se enfrenten a una profunda incertidumbre sobre su futuro”.
El alivio anunciado permite que los migrantes puedan solicitar la residencia, también conocida como “green card”, estando en territorio estadounidense.
Así, el gobierno del presidente Joe Biden calcula que unos 500 mil migrantes, además “de unos 50 mil hijastros de estadounidenses”, podrán acogerse a la nueva normativa.
Visas de trabajo
Además de este programa, el Gobierno de EE.UU. también anunció que buscará “mejorar” el proceso por el que pueden solicitar visas de trabajo algunos de los que llegaron al país de niños y todavía no han regularizado su situación.
El Departamento de Estado creará unas “guías” para dar más claridad y acelerar la expedición de visas H1B para esos “soñadores” que se hayan graduado de una universidad estadounidense y tengan una “oferta de empleo” de una empresa estadounidense.
Los anuncios de la Casa Blanca llegan poco más de dos semanas después de que Biden impusiera una serie de restricciones al acceso al asilo en la frontera que han sido duramente criticadas por grupos en defensa de los derechos humanos.
El demócrata, quien se aupó a la presidencia con un discurso pro-migrante que lo colocaba como la antítesis del expresidente Donald Trump, ha tomado medidas cada vez más coercitivas con la migración.
Este último alivio migratorio es interpretado por expertos como un intento por atraer a los votantes latinos, decisivos en algunos estados clave como Arizona o Nevada, tras haber abandonado su promesa de campaña de ofrecer un camino a la ciudadanía a los más de 11 millones de migrantes indocumentados.
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