El gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, ha decidido cancelar todos los contratos vigentes con la Universidad de Harvard, una acción que representa una ruptura sin precedentes entre el Ejecutivo y la institución académica más emblemática del país.
Según un alto funcionario que pidió mantener el anonimato, la Casa Blanca enviará este martes una carta oficial a todas las agencias federales solicitando la identificación de contratos con Harvard y la evaluación de su cancelación o redirección a otras entidades. Se estima que estos acuerdos podrían alcanzar los 100 millones de dólares.
La medida, parte de una ofensiva más amplia contra universidades consideradas bastiones liberales, busca imponer una mayor supervisión gubernamental sobre las políticas internas de admisión, contratación docente y discurso académico. La administración acusa a Harvard de permitir manifestaciones de antisemitismo y resistirse a controles federales.
En los últimos meses, la universidad de Cambridge ha enfrentado congelamiento de fondos, intentos de cancelar su capacidad de matricular estudiantes extranjeros, y solicitudes de entregar datos sobre supuestas “actividades ilegales y violentas” de estudiantes con visado. Sin embargo, una sentencia judicial reciente impidió parte de estas acciones.
La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, ya había revocado temporalmente el permiso de Harvard para acoger a estudiantes extranjeros, dejando en suspenso el futuro de miles de alumnos internacionales y comprometiendo una fuente clave de ingresos.
Por su parte, Harvard ha respondido alegando que las acciones del gobierno son inconstitucionales y que comprometen su autonomía y funcionamiento. En una publicación en redes sociales, Trump insistió en su postura afirmando que “entre los estudiantes extranjeros de Harvard hay lunáticos radicalizados y alborotadores”.
Esta escalada de tensiones representa una nueva fase en el enfrentamiento entre la Casa Blanca y las instituciones académicas del país, y podría sentar un precedente en la relación entre universidades y el poder federal en EE. UU.