El presidente de Argentina, Javier Milei, presentó su descargo oficial ante la Justicia por el comentario ofensivo que publicó en la red social X sobre Ian Moche, un niño de 12 años con autismo, en el que negó que el “interés superior del niño” pueda justificar restricciones a su libertad de expresión en el marco de un debate político legítimo.
“El tweet que motiva la demanda no es un acto estatal. Es una publicación protegida por el derecho constitucional a la libertad de expresión que me garantizan la Constitución nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional”, argumentó Milei en el escrito judicial, al que tuvo acceso la agencia EFE.
La familia del menor, representada por el abogado Andrés Gil Domínguez, demandó al mandatario por incitar discursos de odio y solicitó que elimine el mensaje publicado el 1 de junio y ofrezca disculpas públicas. Según sostienen, el tuit formó parte de una campaña de hostigamiento en redes, impulsada por cuentas afines al oficialismo, que incluyó la difusión de datos personales del niño y su familia.
En la publicación cuestionada, Milei calificó a Ian Moche como “kuka” —término despectivo hacia el kirchnerismo— y acusó al periodista que lo entrevistó de “operar contra el Gobierno”. El post incluía una imagen del menor durante una entrevista televisiva en la que relataba un episodio con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), quien, según contó, le habría dicho a su madre que la discapacidad de su hijo “no era un problema del Estado” y preguntado: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?”.
El mandatario también negó que el tuit se haya emitido en su carácter de presidente o que su cuenta @JMilei sea “oficial”, rechazando que su permanencia en línea cause un “daño viral continuo” a los derechos del menor.
La causa, según el abogado de la familia, podría tener implicaciones directas en el caso LIBRA, por el que Milei es investigado dentro y fuera del país. El caso se refiere a una publicación en redes el 14 de febrero que promocionó la criptomoneda $LIBRA, cuyo valor se disparó antes de desplomarse, generando acusaciones de estafa.
El debate ocurre en un contexto sensible: en julio, el Parlamento argentino aprobó una ley que declaraba la emergencia en materia de discapacidad hasta 2027, obligando al Estado a garantizar financiamiento de pensiones y asistencia. La norma fue vetada por Milei, junto con un aumento del 7,2 % a las pensiones por discapacidad.
