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A 25 años del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras a manos de militares de El Salvador, la Universidad Centroamericana, donde trabajaban, pide justicia frente a la impunidad que rodea el caso.

"Nuestra lucha seguirá siendo por la justicia, para que en el caso de los jesuitas y también en el caso de todas las masacres y de todos los delitos que se cometieron en el país, se conozca la verdad, se practique la justicia y se repare a las víctimas que fueron dañadas por el Estado", declaró a la AFP el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Andreu Oliva.

Con motivo del aniversario del llamado "martirio" de los sacerdotes, Oliva, al hacer una reflexión sobre el crimen, arremetió contra la impunidad que rodea los crímenes en El Salvador debido a una ley de amnistía desde 1993.

La comunidad jesuita lamenta que en el crimen de los sacerdotes "se han topado siempre con la obstrucción de la justicia que ha protegido a los autores materiales e intelectuales y no ha permitido" conocer la verdad.

La UCA, según Oliva, está interesada "en que el país avance hacia el conocimiento de la verdad por medio de la justicia de los delitos de lesa humanidad" que se cometieron durante la guerra civil (1980-1992), que dejó más de 75.000 muertos y más de 7.000 desaparecidos.


EL CRIMEN

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl asesinaron en el campus de la UCA al sacerdote español-salvadoreño Ignacio Ellacuría, rector de esa casa de estudios y prominente defensor de la Teología de la Liberación.

También fueron asesinados los sacerdotes españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López, la empleada doméstica Elba Ramos y su hija Celina.

Con la presión internacional para aclarar el crimen, en 1991 fueron juzgados nueve militares, entre ellos el director de la Escuela Militar de San Salvador, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, que fue culpado de todos los crímenes, pero quien al igual que otros dos oficiales de menor rango, quedó libre gracias a la ley de amnistía.

Los organismos humanitarios han demandado infructuosamente que los autores intelectuales de la muerte de los sacerdotes sean juzgados.

"Es una pena que los autores intelectuales de la matanza sigan libres, para nosotros es una tristeza, quizá algún día en algún tiempo se hará justicia", exclamó con resignación a la AFP el hermano del rector asesinado, Juan Antonio Ellacuría, de 81 años, quien desde España llegó a San Salvador para participar en los actos conmemorativos.

Los gobiernos de derecha, durante sus veinte años de mandato (1989-2009), se negaron a reconocer la responsabilidad del Estado en el crimen de los sacerdotes, hasta que en 2009 llegó a la presidencia Mauricio Funes, bajo la bandera de la exguerrilla izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Para reivindicar su memoria, Funes en 2009 les impuso una condecoración póstuma y pidió perdón por el crimen en nombre del Estado.

El 25 aniversario del crimen que conmovió a la comunidad internacional es celebrado bajo el lema "No hay amor más grande que dar la vida por los amigos".

"Nosotros, en este 25 aniversario, estamos interesados en que rescatemos la vida de los jesuitas y todo el trabajo que ellos hicieron en favor del país, nos parece que esta es una deuda que no hemos cancelado", reflexionó el rector.

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