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El último caso de violación sexual contra un menor de edad, que concluyó en el inhumano homicidio de una niña de 11 años en San Juan de Lurigancho, volvió a colocar en el escenario de la opinión pública, el debate sobre la restitución de la pena de muerte para agresores sexuales de niños y niñas en el Perú.
Realidad común en diferentes países de Sudamérica, los delitos sexuales en contra de menores de edad continúan siendo un problema a nivel estatal que sigue preocupando a otros países, como es el caso de Argentina y Chile y, en particular, el del Perú.
Ante situaciones de esta clase, más allá de las normas punitivas que surgen en el seno de la indignación, la cabeza fría suele indicar medidas preventivas.
Una de estas medidas es la construcción de bases de datos con las referencias de acusados, sentenciados e imputados por delitos sexuales contra menores de edad, como los que existen en diferentes países: Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Argentina o Chile, por ejemplo.
El caso argentino
Desde el Senado de la República Argentina, en el 2013, fue impulsada la Ley 26.879, que recién el año pasado, durante el mandato de Mauricio Macri, fue puesta en acción a través del decreto 522/2017.La 26.879 creaba en la Argentina el nuevo Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, una base de datos que funciona como un banco con la información de las personas relacionadas con delitos sexuales en contra de menores.
Sobre el sistema argentino para conocer a las personas vinculadas a estos delitos no se conoce demasiado en el ámbito peruano, sobre todo porque el acceso a su información no es de dominio público, ya que esta propósito fundamental será "facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de investigación judicial en materia penal y estén relacionados a delitos contra la integridad sexual de los damnificados".
El caso chileno
En Chile, por otro lado, existe el Registro de Personas con Prohibición para Trabajar con Menores de Edad, que se ofrece como un servicio gratuito y abierto a todo el público.Creado bajo el resguardo de la Ley 20.594, el Registro de Personas con Prohibición para Trabajar con Menores de Edad tiene como objetivo "incluir a todos quienes han sido condenados por delitos sexuales contra menores" para registrarlos como "inhabilitados" para tratar en entornos cercanos con niños.
La plataforma chilena es libre para "cualquier persona natural o jurídica". Con el sistema, todos los ciudadanos chilenos pueden "solicitar información respecto a si una persona se encuentra sujeta a alguna inhabilidad; siempre que necesite contratarla para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de edad, o fines similares".
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