Temor e incertidumbre en el mayor campo de refugiados del mundo

Un día de agosto de 2017, el Ejército birmano atacó la aldea en que Nur Ayna, de 18 años, vivía. Dispararon, violaron a las mujeres y lo quemaron todo. No los querían allí por ser rohingyás. Considerados étnicamente distintos y además musulmanes en un país como Birmania (Myanmar), de mayoría budista, han sido objeto de tal odio que el excomisionado de la ONU para los DD.HH., Zeid Raad al Hussein, calificó de “ejemplo de libro de limpieza étnica” los crímenes contra ellos.

Para agosto de 2018, se calculaba que el Ejército birmano había matado unos 24 mil rohingyás, sin contar otras decenas de miles que habían sufrido violaciones sexuales o tortura. Los testimonios de violencia descarnada se reproducen por miles. “Vi a un soldado verter gasolina sobre una mujer en avanzado estado de gestación a la que luego prendió fuego. Otro soldado arrancó a un bebé de brazos de su madre y lo tiró al fuego. No tenía ni un año. Nunca olvidaré sus gritos”, cuenta Rehema, una mujer de 24 años, a la ONG Save The Children.

Tanto Rehema como Nur Ayna no vieron más opción que huir a Bangladesh. Al final, ambas hallaron hogar provisional en el distrito bengalí de Cox’s Bazar, donde se ha establecido el centro de refugiados más grande del mundo. Ahí está el asentamiento de Kutupalong. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), alberga unos 900,000 rohingyás que llegaron sobre todo desde 2017, la mayoría sin nada.

Esta enorme población habita principalmente en un terreno de 13 kilómetros cuadrados, sembrado de carpas y viviendas endebles hechas de bambú y plástico. El hacinamiento y la falta de agua y desagüe facilitan la aparición de difteria y cólera, por no mencionar la amenaza de la COVID-19. Además, ACNUR estima que el 40% de los refugiados es menor de 12 años. Este grupo etario se enfrenta a trata dentro del mismo campo. Los casos de menores desaparecidos conviven con los de violencia sexual o de género.

Limbo

Con más de tres años haciéndose cargo de los migrantes, el Gobierno bengalí está decidido a liberarse la crisis. En diciembre, comenzó a trasladar a grupos a Bhasan Char, una isla en la bahía de Bengala que suele inundarse durante la temporada del monzón, que empieza a fines de mayo. No obstante, la verdadera intención de Bangladesh es llevar a los rohingyás de vuelta a Birmania.

El plan bengalí era comenzar la repatriación en junio, pero el golpe de Estado cometido esta última semana en suelo birmano abre una nueva interrogante. El 1 de febrero, la cúpula militar derrocó a Aung San Suu Kyi, consejera de Estado y gobernante de facto de Birmania.

Los ataques a escala iniciados en 2017 contra los rohingyás se dieron bajo la administración de Suu Kyi, que fue nada menos que ganadora del Nobel de la Paz en 1991 por oponerse a la dictadura militar. Ahora ella es sindicada de permitir un genocidio contra la población musulmana por parte del Ejército.

Es posible que Suu Kyi no haya tenido suficiente poder para controlar a la milicia. Sin embargo, las posturas de la lideresa, hoy detenida por los mandos golpistas, han sido cuestionables. Ya en 2013, había señalado que había miedo de las dos partes, pues los budistas temían un “poder musulmán global”. De hecho, el alegato de que los rohingyás son caldo de cultivo para movimientos yihadistas ha sido la principal excusa para justificar los ataques.

Con todo, Suu Kyi había accedido a la repatriación. Una pregunta es si el nuevo Gobierno militar seguirá con el plan. Pero lo que aterra a los rohingyás es que unas FF.AA. con plenos poderes en Birmania solo intensifiquen la matanza. Después de todo, fueron los militares quienes mataron personas, violaron mujeres y quemaron aldeas. Por triste que parezca, un lugar como el asentamiento de Kutupalong parece más seguro desde esa perspectiva.