El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ratificó este viernes la destitución definitiva del presidente Yoon Suk Yeol, quien había sido suspendido de sus funciones en diciembre tras imponer una breve pero controvertida ley marcial.
La medida, que incluyó el despliegue del ejército en la Asamblea Nacional, desencadenó una profunda crisis política y económica en el país.
La sentencia judicial obliga a convocar elecciones presidenciales en un plazo máximo de 60 días. Aunque la ley marcial duró apenas unas horas, su implementación generó un severo impacto en la estabilidad institucional y en la vida cotidiana de los ciudadanos, además de dañar la imagen internacional de Corea del Sur.
Yoon Suk Yeol, exfiscal general antes de asumir la presidencia, se convierte en el segundo mandatario surcoreano destituido por el Tribunal Constitucional, después de Park Geun-hye en 2017.
La decisión se tomó tras semanas de audiencias y más de un mes de deliberaciones, luego de que el presidente fuera acusado de insurrección por ordenar el envío de tropas al Congreso la noche del 3 al 4 de diciembre.
El expresidente permaneció casi dos meses en prisión preventiva, mientras el país enfrentaba incertidumbre política y protestas ciudadanas. Su medida fue calificada como un intento de alterar el orden democrático, lo que aceleró su proceso de destitución.
El líder opositor Lee Jae-myung celebró el fallo y acusó a Yoon de “amenazar la democracia con armas”.
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