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El Gobierno de Venezuela espera que la nueva administración de Joe Biden, quien asumirá la presidencia de Estados Unidos en cuatro días, tenga “atisbos de decencia”, cumpla con el derecho internacional y establezca “canales diplomáticos de diálogo respetuoso”.
“Esperemos que este nuevo gobierno tenga atisbos de decencia y contemplación y también que cumpla el derecho internacional y establezca canales diplomáticos de diálogo respetuoso, aquí no hay superiores ni inferiores”, afirmó este sábado en La Habana la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.
En declaraciones a los periodistas tras presentar ante representantes del Gobierno cubano la llamada Ley Antibloqueo aprobada en su país para evadir las sanciones de EE.UU., Rodríguez confió en que el nuevo Ejecutivo estadounidense “trate de encauzar su actuación conforme al derecho internacional”.
“Los estados somos estados libres soberanos que nos relacionamos en condiciones de igualdad”, señaló la vicepresidenta, quien recordó que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, llamó a no esperar “nada” de Estados Unidos y a “trabajar en unión nacional y encontrar nuestros propios caminos”.
El presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, ha seguido una política de mano dura hacia el Gobierno de Venezuela con sanciones a sus integrantes y allegados y fue el primero en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela hace ya dos años.
Rodríguez también aludió hoy al caso Citgo, después de que un tribunal estadounidense autorizara la venta de acciones de esa filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en indemnización a la minera canadiense Crystallex por la nacionalización de un activo.
Según la alta funcionaria, “robarle Citgo a los venezolanos” y “robar los barcos de gasolina que compró Venezuela” son “actos de piratería”.
El Gobierno de Nicolás Maduro ya había calificado este sábado de “fraudulenta” la decisión del juez federal del distrito de Delaware (EE.UU.) Leonard Stark de autorizar la venta de las acciones de Citgo, que obliga a Venezuela al pago de 1.400 millones de dólares por la nacionalización en 2008 del yacimiento de oro Las Cristinas.
Fuente: EFE.
