El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este miércoles que solicitará a la justicia venezolana una orden de arresto contra el presidente de Argentina, Javier Milei, en relación con un avión de carga confiscado en Buenos Aires. Además, anunció una investigación por violaciones de derechos humanos en Argentina.
La declaración de Saab llega un día después de que una ONG y fiscales federales pidieran a la justicia argentina que ordenara el arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como parte de una causa por crímenes de lesa humanidad.
El Ministerio Público de Venezuela anunció la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes están llevando a cabo las diligencias pertinentes y tramitando la orden de aprehensión contra Javier Milei, su secretaria general Karina Milei, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina. Saab detalló que se imputarán delitos como “robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir”.
Por su parte, la Cancillería argentina repudió las órdenes de aprehensión, afirmando que “el mencionado caso fue resuelto por el Poder Judicial, un poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional”.
La aeronave, retenida en Buenos Aires desde junio de 2022 por orden judicial durante el gobierno del izquierdista Alberto Fernández, fue vendida a Venezuela por la compañía aérea iraní sancionada Mahan Air. Fue secuestrada por las autoridades argentinas al llegar de México con un cargamento de piezas automotrices, y los tripulantes—14 venezolanos y cinco iraníes—fueron detenidos y posteriormente liberados. Un juez autorizó el decomiso del avión por parte de Estados Unidos, que se concretó en febrero durante la administración de Milei, en medio de denuncias de “robo” desde Caracas.
Saab también anunció una investigación por crímenes de lesa humanidad en el control de protestas contra el gobierno derechista, que calificó de “genocidio”. “Hemos decidido designar un fiscal especializado en derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes” contra Milei y Bullrich, enfatizó Saab, quien agregó que “deberán responder ante la justicia” y que “un Estado puede ejercer la jurisdicción universal”.
Venezuela tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, impulsada tras los excesos en las manifestaciones opositoras de 2017, que dejaron más de un centenar de muertos. El gobierno de Maduro rechaza este proceso. Actualmente, Venezuela y Argentina no tienen relaciones diplomáticas, y Maduro y Milei se critican e intercambian insultos con frecuencia.
