El Palacio de Gobierno de Ecuador amaneció con un fuerte resguardo policial este domingo, cuando arranca la campaña electoral para los comicios generales de febrero y mientras hay expectativa por el anuncio de la vicepresidenta electa en las urnas, Verónica Abad, de suceder al jefe de Estado, Daniel Noboa, durante la campaña, aunque el gobernante no ha pedido licencia.
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En un recorrido por el centro histórico de Quito, donde se encuentra el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, EFE constató un aumento de la seguridad policial y de vallas que impiden el paso hacia la Plaza de la Independencia.
Dicha plaza está flanqueada por la casa de Gobierno, el palacio arzobispal, el Municipio de Quito y la catedral. Tras las vallas, se encuentran grupos de entre diez y quince policías, en actitud pasiva y dialogando entre ellos, la mayoría ataviados con chalecos antibalas.
Ciertas zonas de ingreso al palacio de Carondelet ya tenían vallas en días pasados, pero ahora se ha incrementado la seguridad policial, pero no se observa militares junto a los resguardos.
Policías y militares respaldan a Noboa
La Policía se sumó este domingo al pronunciamiento de los militares y aseguró que acatarán las disposiciones de Noboa, después de que Abad anunciara que asumirá el poder argumentando que el gobernante debe pedir licencia para hacer campaña.
En un video difundido el sábado, Abad pidió apoyo a las distintas funciones del Estado y otros actores para “el cabal ejercicio de tan alta responsabilidad y a fin de dar continuidad y estabilidad a la gestión ejecutiva”.
Pero Noboa, que es uno de los 16 candidatos a la Presidencia, no ha revelado aún si pedirá licencia para hacer proselitismo.
“Ausencia temporal”
Abad fue designada como consejera temporal en Ankara, a donde debía llegar hasta el pasado 27 de diciembre, pero, como no lo hizo, el Ejecutivo consideró que ha incurrido en una “ausencia temporal”.
Por ello, designó a la secretaria de Planificación, Sariha Moya, como vicepresidenta temporal, una decisión por la que Abad presentó ante la Corte Constitucional una acción de incumplimiento de un dictamen en el que el tribunal establece que las únicas causales de ausencia son las previstas en la Constitución.
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