Un día como hoy, en 1569, el rey Felipe II decidió establecer en América el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Al año siguiente fue instalado en el Perú. Es verdad que ya existía desde los tiempos de los Reyes Católicos (1470) y en Francia desde 1184, principalmente para mantener la unidad de la fe frente a la Reforma Religiosa, un movimiento contestatario emprendido en Europa por obra de Martín Lutero (Alemania), Enrique VIII (Inglaterra) y Juan Calvino (Francia), que cuestionó a la Iglesia Católica pero sobre todo a la sede en Roma donde vivía el Papa concentrando el poder de la milenaria comunidad eclesial. En este tipo de juicios de fe –era la reacción o Contrarreforma-, como ahora, hubo fiscales, cuya sacrosanta actitud acusadora era demostrar la culpabilidad de los infieles y herejes, y lograr para éstos el castigo, cuya máxima condena era la muerte en la hoguera. Por este tribunal se produjo en el siglo XVI el sonadísimo debate entre el dominico Bartolomé de las Casas (1474-1566) y el jurista Ginés de Sepúlveda (1490-1573) que fundamentaba que los indígenas no tenían alma y que debían ser pasibles del máximo castigo por la Santa Inquisición. Al final de la “Controversia o Junta de Valladolid” (1550-1551), los argumentos del también llamado “Apóstol de los Indios” que defendía a los indígenas, merecieron la aquiescencia de la monarquía que concluyó que los naturales de los territorios conquistados por la Corona sí tenían alma aunque eran considerados hermanos menores. Por esta razón –acabemos con el mito de sus cruentos castigos- no hubo durante el virreinato ningún ajusticiamiento contra los indígenas que fueron excluidos de su sistema inquisitorial. Durante la crisis española por la invasión napoleónica, fueron las Cortes de Cádiz en 1812 –que llegó a presidir el criollo peruano y eminente jurista Vicente Morales y Duárez-, las que decidieron su abolición y solamente fueron erradicadas como práctica recién en 1834 durante la Regencia de María Cristina de Borbón (1833-1840), cuando el Perú ya era un Estado independiente y gobernaba el país Luis Felipe Orbegoso (1833-1836).

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