Al entregar su celular reseteado y sin chip, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, reflejó un preocupante desprecio por la transparencia y el respeto a las instituciones. Por ello, la Fiscalía pidió acceder a su cuenta de iCloud y la contraseña de su teléfono móvil con el objetivo de conseguir la información que podría ser clave en la investigación sobre las presuntas conversaciones que habría tenido con el capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo, conocido como “ Culebra”.
La aparente renuencia de Santiváñez a colaborar plenamente con las investigaciones sobre sus presunto vínculo con “Culebra”, levanta serias sospechas sobre su intención de ocultar información relevante. Estas actitudes no solo representan una posible obstrucción a la justicia, sino que también refuerzan la percepción de que, lejos de combatir el crimen, el Ministerio del Interior podría estar albergando prácticas contrarias a la ley.
La lucha contra la criminalidad, uno de los mayores retos que enfrenta el Perú, no puede estar en manos de una autoridad cuya conducta está en entredicho. Ya lo advirtió Harvey Colchado, exjefe de la DIVIAC, al afirmar que Santiváñez “ha construido su carrera del lado opuesto”. Este juicio contundente cobra mayor relevancia a la luz de los recientes acontecimientos. Cualquier señal de ineptitud o encubrimiento no solo perjudica la imagen de su cartera, sino que pone en riesgo la credibilidad del Gobierno en su conjunto.
