El muy revelador informe de Latina sobre la forma en que los partidos políticos están gastando el financiamiento público directo que les otorga el Estado deja conclusiones fundamentales sobre lo mal diseñada que está la ley y el ánimo antiético y depredador de las instituciones que, precisamente, están llamadas a ser un ejemplo de legalidad y ética. Por ejemplo, asquea que Vladimir Cerrón, el sindicado por la Fiscalía como líder de la organización criminal “Los Dinámicos del Centro” reciba 12,500 soles mensuales de los impuestos de todos los peruanos. Indigna que Cerrón, un sentenciado que ha purgado cárcel y que va camino a tener un prontuario más que un currículum vitae, que no tiene escrúpulos en blindar a Pedro Castillo desde su decadente grupo legislativo, se embolsique el dinero de un país pobre y con tantas carencias como para regalárselo a un farsante de la política y un delincuente consumado. Tampoco deja de incomodar que Patricia Li, que ha hecho de Somos Perú una franquicia, se lleve 15 mil soles mensuales desde su casa y viendo la TV, tras hacer realidad el sueño del negocio propio.
La conclusión a esto, con dos ejemplos entre tantos otros y de los que ningún partido se salva, no solo es que la ley está mal diseñada sino que al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, se le escapan las tortugas.
No se conoce que desde ese organismo se haya emitido alguna sanción o se haya ejercido un control serio y responsable del dinero público que dilapidan estos seudopartidos. Si el objetivo era evitar que exista un financiamiento privado, el remedio ha resultado peor que la enfermedad. Pero más allá del problema legal hay también una escandalosa omisión del organismo responsable de supervisar el buen uso de este dinero y, nada menos, que de organizar las elecciones. Ya que no lo va a hacer el Congreso, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debería iniciar, de oficio, un proceso con miras de sanción a un funcionario que no inspira la menor confianza.
