Con indignación, los peruanos hemos sido testigos de la brutal agresión sufrida por cinco agentes policiales del Grupo Terna en el Centro de Lima, donde fueron atacados por delincuentes hombre y mujeres, peruanos y venezolanos, que se oponían a la intervención de un punto de venta de droga, por lo que no dudaron arrebatar el arma a uno de los agentes, acuchillar a otro y arrojarles rocas de gran tamaño con la única intención de acabar con sus vidas.
Horas después del salvaje ataque que ocurrió luego que los agentes vieron un pase de droga y decidieron seguir a los delincuentes hasta un callejón de la zona de Manzanilla, 11 de estos criminales, en su mayoría venezolanos, han sido arrestados y ya se encuentran en manos del Ministerio Público, lo que sin duda no ofrece la menor garantía, pues conociendo a los fiscales que tenemos, no sería extraño que en las próximas horas liberen a los agresores de los agentes, dos de los cuales sufrieron lesiones de gravedad.
Según los expertos, estos delincuentes tendrían que ser investigados y acusados por los delitos de robo agravado y tentativa de asesinato, con el agravante de que las víctimas son agentes policiales. En cualquier país civilizado, esta gente tendría que pasar muchos años tras las rejas. Pero en el Perú nunca se sabe. Como la mujer que arroja una inmensa roca a un efectivo ya casi desmayado en el suelo dice estar embarazada, no sería extraño que nuestros fiscales “se apiaden” de ella y la dejen libre como para que escape a Venezuela.
Los peruanos tenemos que estar atentos para que el Ministerio Público con sus fiscales que son una traba en la lucha contra la criminalidad, aplique la ley como debe ser y no apele a “legalismos” que más parecen complicidad con la delincuencia, a fin de sancionar como se debe a estos asesinos en potencia. En el caso de los venezolanos, tendrían que ser expulsados pero no ahora como ellos quisieran, sino cuando cumplan hasta el último día de sus condenas en el Perú, tal como lo mandan nuestras leyes.
Al Perú y a su Policía cuando hace bien su trabajo, se les respeta. No podemos permitir que una manga de delincuentes y potenciales asesinos, sean peruanos o extranjeros, vengan a atacar a agentes que hacen su labor en favor, precisamente del ciudadano que les pide luchar contra la criminalidad. El Ministerio Público tiene acá una oportunidad para reivindicarse ante una ciudadanía que no confía en sus fiscales que en muchos casos parecen ser el brazo legal del hampa en el Perú.