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Durante años, Cusco y Arequipa enfrentaron problemas por el agua que requería el megaproyecto de irrigación de Majes Siguas II en beneficio del sur. Para superar dicho impasse, el Gobierno del 2011-2016 suscribió un acta de entendimiento para ejecutar obras en la provincia de Espinar; pero de ese compromiso poco se cumplió. Al comienzo, hubo protestas y un fallecido. Faltó el diálogo y se judicializó el tema.

En el 2011, se iniciaron las manifestaciones en contra del proyecto minero Tía María; fueron siete los fallecidos y tras 8 años no hay una solución. Se constituyeron mesas de trabajo sin resultado alguno y falló el diálogo.

Son dos conflictos latentes de los más de 150 que existen en el país, en los cuales la participación del Estado fue desastrosa. Las propuestas de solución fueron paliativos para el momento y recién existe interés en el tema cuando estalla la violencia debido a los compromisos incumplidos.

Los Gobiernos fallaron en el manejo de las demandas sociales y prueba de ello es el problema del bloqueo de vías en Apurímac en contra de Las Bambas.

Fueron días de tensión en que estas protestas pusieron en jaque al país y al Gobierno de Martín Vizcarra, que en las últimas horas consiguió levantar la medida de manera provisional luego de la firma de un acta con los comuneros. En dicho documento, se consideran varios compromisos que se espera cumplir para no avivar otros conflictos latentes.

Los acuerdos son para respetarse, pues son resultados de negociaciones. En este caso, el Estado debe ceñirse a los compromisos para evitar perder más su credibilidad, tal como sucede en los últimos días.

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