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Cerrar el Congreso no debería ser una opción. Es un golpe a la médula de nuestra democracia y el Estado de derecho. Está en la Constitución, pero contemplado como una posibilidad en un momento extremo. ¿Estamos en un momento extremo?

Muchos hemos entendido que no. O por lo menos hemos querido entender que puede haber una salida a la áspera relación entre el Ejecutivo y el Congreso, inaugurada en el inicio mismo de la gestión presidencial de Pedro Pablo Kuczynski y continuada con la asunción de Martín Vizcarra. Un entendimiento para evitar el sinsabor, la ruptura, el golpe malhadado.

En estos días vimos, sin embargo, que la relación entre ambos no ha hecho más que erosionarse otra vez. Estuvo allí el show del presidente Vizcarra y el posterior resorte reactivo de la mayoría del Legislativo. El asunto de fondo: la inmunidad parlamentaria tirada por un tubo.

Pero no todo ha terminado allí. Sabíamos que el caso del fiscal Pedro Chávarry, cuya situación debía ser abordada en el Congreso tras el informe emitido por la comisión presidida por Juan Sheput, podría desembocar en un nuevo cisma. Y, por ahora, los pronósticos son confirmados.

En primer lugar, la Comisión de Constitución confirmó el archivamiento del caso del deslacrado en el Ministerio Público, el mismo que fue visto por todos a través de unos videos que dieron la vuelta al país. Previo a ello, Chávarry le hizo un guiño al fujimorismo y a su aliado de facto, el aprismo. Criticó en el pleno las medidas coercitivas contra Keiko Fujimori y Alan García y enfiló las baterías contra los fiscales del caso “Lava Jato”.

El exfiscal de la Nación parece ser correspondido por la mayoría congresal y por el aprista más cercano a ellos desde el discurso: Mauricio Mulder. Mientras tanto, afuera del Congreso la gente empieza a masticar cada vez más fuerte una letanía: “Cierren el Congreso”.