¿Cómo haremos para ir a trabajar si en el camino corremos el riesgo de caer en medio de una balacera porque el transportista, formal o informal, no ha pagado cupo a los extorsionadores? El ataque al bus del Corredor Rojo marca el avance de lo que comenzó con el transporte informal. Y es que la informalidad e ilegalidad en el transporte urbano ha sido caldo de cultivo para la propalación de mafias extorsionadoras que hoy ponen en peligro las venas y arterias que movilizan a la ciudad.
Esta situación que no es atribuible exclusivamente al problema de la inseguridad ciudadana. Es el resultado de la política de transporte urbano seguida en las ciudades de todo el país desde la década de los 90: la gestión del caos. ¿Los modelos que han funcionado en Chile y Colombia, funcionarían en el Perú? Bastaría con preguntarse si estos países tienen el mismo grado de informalidad generalizada que tiene el Perú, o si existe el capital humano disponible para brindar servicios de calidad en un renovado modelo de transporte. ¿Se imagina tener una flota moderna con paraderos modernos, pero con conductores con antecedentes penales que no valoren la vida?
Hablar solo de licitaciones es mirar un lado de la moneda. El recurso humano que al día de hoy conduce nuestra movilidad es probablemente el más peligroso y menos respetuoso de nuestros derechos fundamentales como personas. Tener que ver como un anciano encuentra la forma de correr para cruzar un “paso de cebra” es una señal de alerta para nosotros como sociedad. Necesitamos un cambio radical, soluciones radicales y efectivas, Expertos que hayan transformado ciudades, no que hayan escuchado de ello. Pero, sobre todo, la voluntad política suficiente para cambiarle la vida a los peruanos.
