El Congreso culmina su mandato en un año y tres meses, pero está lanzado en busca de más reformas. No le interesa el masivo rechazo de los peruanos y la grave deslegitimación luego de favorecer a la criminalidad con algunas normas legales. Ahora quiere elaborar un nuevo Código Penal, algo peligroso no solo porque está de salida y tendrá poco tiempo para hacer un trabajo serio y responsable sino que la comisión que trabajará en el tema está compuesto exclusivamente por congresistas.
Resulta incomprensible —y alarmante— que los propios legisladores, cuya actuación ha estado marcada por la incapacidad y, en muchos casos, por el aprovechamiento indebido del poder, pretendan ahora llevar adelante una tarea que demanda no solo conocimiento especializado, sino también una solvencia moral incuestionable. El país requiere, sin duda, leyes firmes para combatir la creciente criminalidad, pero difícilmente estos cambios serán efectivos si quienes los lideran son, en parte, corresponsables de la crítica situación que vivimos.
La elaboración de un nuevo Código Penal es una tarea de enorme complejidad técnica. Sus disposiciones deben integrar, de manera sistemática, una parte general y una parte especial, manteniendo coherencia y claridad. Además, cualquier anteproyecto serio debe someterse a un proceso amplio de difusión y consulta ciudadana. ¿Es posible llevar adelante un debate nacional de esta envergadura en apenas 15 meses? Todo indica que no.
Más preocupante aún es que el proceso haya sido invertido: en lugar de convocar primero a una comisión de juristas expertos y definir con ellos la política criminal que el país necesita, se ha optado por confiar esta tarea a los propios congresistas.
