A un mes de vencer el plazo para que los partidos soliciten la inscripción de alianzas electorales, todo sigue siendo rumor y cálculo. ¿Qué tan probable es que alguna se concrete? Cada día que pasa, las posibilidades se reducen. El calendario avanza sin piedad y la tramitología electoral requiere tiempos mínimos que ya escasean. A esto se suma la necesidad de superar trámites internos en cada partido, así como la inscripción ante el DNROP y, eventualmente, la resolución de apelaciones ante el pleno del JNE.
Pero mientras las alianzas luchan contra el reloj, hay otra figura que cobra protagonismo: las coaliciones. Usuales en segunda vuelta —como en 2016, cuando Juntos por el Perú apoyó a PPK frente a Fuerza Popular—, no requieren inscripción formal. Se trata de pactos políticos entre partidos con inscripción vigente y actores sin presencia electoral directa: movimientos regionales no habilitados o colectivos ciudadanos que quieren influir en el futuro gobierno. No son ilegales, pero sí escurridizas.
Mientras que las alianzas tienen fecha de vencimiento —el 1 de septiembre—, las coaliciones no. Por eso es probable que estas últimas aparezcan en el momento más caliente de la primera vuelta o en el fragor de la segunda. Y aunque puedan ser útiles, también son un arma de doble filo: pueden sumar o restar, legitimar o deslegitimar, según quiénes las integren y cómo se comuniquen.
Estemos atentos. La ley electoral pone reglas, pero es nuestro voto el que define el rumbo. No serán las alianzas ni las coaliciones las que aseguren buenas autoridades. Eso solo lo garantiza un elector informado y crítico, capaz de premiar la coherencia y castigar la improvisación.
