En la antesala de las Elecciones Generales 2026, la atención no solo está en los precandidatos o en las encuestas, sino también en un terreno donde se juegan silenciosamente las reglas de la democracia: la inscripción de partidos y alianzas. Desde hace meses se repite una práctica peligrosa que amenaza con minar la transparencia del proceso: las tachas maliciosas.

El problema se agudiza porque estas maniobras tienden a aparecer justo en momentos críticos: los plazos límite de inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). No hablamos de ciudadanos ejerciendo un legítimo derecho de fiscalización, sino de un patrón de conducta que apunta a la obstrucción deliberada.

Frente a ello, el JNE tomó medidas correctivas. La Resolución N.° 262-2025-DNROP/JNE aplicó el artículo 73 del Reglamento de Inscripción, que permite rechazar de plano aquellas tachas que no se basan en un incumplimiento real de la Ley de Organizaciones Políticas. Además, el ROP detectó un comportamiento reiterado de ciertos individuos que presentaron tachas contra cuatro partidos distintos en el mismo año.

En rigor, estamos frente a un abuso del derecho de acción, disfrazado de participación ciudadana, pero orientado a un objetivo ilícito: impedir la inscripción de partidos y alianzas, forzar retrasos o, peor aún, generar escenarios de extorsión a cambio de desistimientos. No se trata de un simple tecnicismo, sino de una amenaza directa a la competencia electoral.

El mensaje debe ser claro: el sistema electoral no puede convertirse en terreno fértil para mafias que juegan con las reglas en beneficio propio. El JNE debe ser implacable frente a estas conductas y reforzar sus filtros para garantizar un proceso limpio.

En este escenario, mano firme contra la delincuencia electoral no es una consigna: es una obligación.