Todos sabemos que el gobierno de Dina Boluarte es débil y carente de liderazgo. Su respaldo popular es casi nulo y no se sostiene por el apoyo de la gente sino por una red de alianzas clientelares que integran partidos, grupos de interés, congresistas y gobernadores regionales. Esta estrategia de sobrevivencia se ha sostenido en el uso de los espacios y presupuestos públicos entregados a discrecionalidad por la mandataria a sus aliados. Los escándalos generados tras la salida de Otárola y que ponen bajo escrutinio a Dina Boluarte han generado pánico en Palacio y el intercambio clientelar no solo ha sido obvio, sino obsceno.
Los primeros en salir a defender a Dina Boluarte fueron los gobernadores regionales engreídos del régimen y entre ellos Wilfredo Oscorima (Ayacucho) y Zósimo Cárdenas (Junín) han sido los más evidentes. El primero, acusado de haber regalado los Rolex a Boluarte, recibió S/. 100 millones mediante el Decreto de Urgencia 006-2024. Por su parte el gobernador de Junín fue autorizado, por el gobierno de su aliada Dina Boluarte, a un endeudamiento de S/.500 millones de soles. No solo minimizaron el tema de los Rolex sino señalaron que esto era “una patraña”. Pero desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, otro aliado de Dina Boluarte repetía el mismo libreto. Rafael Lopez Aliaga endeudó a la comuna limeña por hasta 10 veces sus ingresos, una total irresponsabilidad fiscal avalada por el MEF.Este modus operandi también parece haber llegado al Congreso de la Republica, donde actualmente tenemos 130 mudos sobre las graves denuncias de la mandataria. Pero el silencio de los parlamentarios vino con la yapa de S/.50 millones de soles adicionales a su presupuesto para sueldos y planillas. Dina Boluarte está utilizando el presupuesto estatal para sobrevivir, pero lo peor es que está comprometiendo el dinero del próximo gobierno y de todos los peruanos.
