Tras 23 días de permanecer desaparecido, este 14 de julio apareció el cadáver del dirigente de la etnia amazónica kakataibo, Mariano Icasama Feliciano, asesinado por su defensa del medio ambiente amazónico peruano.
Ya suman 38 dirigentes defensores del medioambiente asesinados desde 2013 a la fecha, en cinco regiones amazónicas del Perú.
“Los pueblos indígenas de ... 2439 comunidades nativas … que conforman la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) … nos declaramos en ESTADO DE EMERGENCIA PERMANENTE” señala un comunicado publicado en los últimos días.
Agregando: “responsabilizamos de lo que suceda en la Amazonía al gobierno peruano… y al Congreso por alimentar estas masacres con sus leyes a favor del tráfico de tierras, el narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal … y de otras actividades depredatorias legalizadas”.
El gobierno en nombre del Estado tiene el deber y la obligación de informar sobre políticas y acciones para proteger el ambiente y sus defensores. Por el contrario, sucede que desde el Congreso y el gobierno están favoreciendo a inescrupulosos y mafias que depredan nuestra Amazonía.
Este Congreso debilita la institucionalidad cuando legisla a favor de actividades sociales y económicas que se encuentran al filo de la navaja de la legalidad, como la minera informal y hasta ilegal, o la educación universitaria sin control ni fiscalización, o la informalidad en el transporte.
Las rondas campesinas, urbanas y vecinales así como los defensores de los derechos humanos, del ambiente y de los sectores sociales menos favorecidos, merecen no solo el reconocimiento del Estado. Demandan su protección.
