El Perú está conmocionado. Trece cadáveres de trabajadores de la empresa R&R en la mina Poderosa de Pataz se hallaron el 4 de mayo, transcurridos casi 10 días de su secuestro, el 25 de abril.
Aunque desde el 26 de abril los familiares denunciaron el secuestro y dos patrullas policiales conocieron el hecho, por encontrarse cerca, habiendo escapado una y otra neutralizada por la banda del delincuente “Cuchillo”.
Los jefes policiales, el ministro del Interior Julio Díaz Zulueta y el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén señalaban: “Hemos recibido información no oficial que refuerza la idea de que este hecho no ocurrió”, “el Gobierno no ha recibido ninguna denuncia oficial”, representantes de la Poderosa, “han descartado que los afectados sean trabajadores de su empresa… o asociados a ella”. Negaban la realidad.
Para combatir la criminalidad minera se necesita capacidad y liderazgo. Nuestras autoridades, desde la Presidencia, el Congreso, hasta autoridades militares y policiales, carecen de ellas. No se respeta la institucionalidad ni la división de poderes, se carece de inteligencia y no se fomenta la participación ciudadana.
La legislación requiere modificaciones, prohibir la titularidad indefinida de los denuncios mineros, evitando el arriendo y subarriendo, que el Reinfo culmine con el proceso de formalización sin prolongar plazos, el Estado, a través del Banco de la Nación, puede comprar oro de los productores, incluidos los informales, para evitar los crímenes durante su traslado, así como debiera prestar servicios de procesamiento de oro y depósito de relaves, reduciendo la contaminación.
