La reciente decisión del Congreso de inhabilitar políticamente a Martín Vizcarra por su ilegal cierre del Parlamento el 30 de septiembre de 2019 constituye un acto de afirmación democrática y un mensaje claro contra el abuso del poder. Esta resolución representa un acto de justicia histórica, también una reivindicación de la institucionalidad republicana que fue severamente vulnerada en aquel momento. El cierre del Congreso perpetrado por Vizcarra, bajo el pretexto de una supuesta “denegación fáctica de la confianza”, fue una maniobra autoritaria que fracturó la separación de poderes. Lejos de fortalecer la democracia, debilitó sus bases al permitir que un presidente se arrogara competencias que no le correspondían, rompiendo el orden constitucional y dando paso a una peligrosa concentración del poder sin control político que nos llevó al desastroso manejo de la pandemia que colocó al Perú en el primer lugar de la mortalidad global. Esta inhabilitación no es un gesto de revancha política, es un acto de responsabilidad institucional y democrática. El mensaje es claro: ningún funcionario, por más popular que crea ser, puede colocarse por encima de la Constitución ni utilizar el respaldo ciudadano como escudo para vulnerar la legalidad. El Congreso ha cumplido su deber con firmeza, sin ceder a presiones ni cálculos oportunistas. Se marca así un valioso precedente para el futuro de nuestra democracia: los actos autoritarios no quedarán impunes, y la defensa del Estado de derecho está por encima de los intereses personales o de grupos. Felicitamos al Congreso por este paso necesario para sanar heridas institucionales y reafirmar que la ley es el único marco legítimo de acción en un estado de derecho. Más aun cuando el tema por el que se pidió la confianza era exclusivo y excluyente del Parlamento y el Ejecutivo no tenía derecho a interferir.

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