Ollanta Humala y Nadine Heredia fueron condenados a 15 años de prisión por el delito de lavado de dinero, por aportes monetarios desde Brasil, en los procesos electorales del 2006 y 2011.
Dispuesta la ejecución inmediata de la pena, Ollanta Humala fue internado en el penal de Barbadillo, con los expresidentes Pedro Castillo y Alejandro Toledo, mientras Nadine Heredia ingresaba a la Embajada del Brasil solicitando asilo político, concedido casi de inmediato mientras el gobierno de Dina Boluarte entregaba el salvoconducto con rapidez similar.
Según el marco jurídico del asilo, el país concedente califica “la naturaleza del delito o de los motivos de persecución”. Por eso, solo Brasil es responsable de la concesión pese a que los delitos imputados a la ex primera dama son comunes y no existe persecución política.
La Convención de 1954 establece: “No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas… o sentenciadas ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes…”.
El gobierno peruano por lo menos debe expresar su protesta frente a esta actitud brasileña y, consentida la sentencia, solicitar la extradición de la asilada, salvo que Dina Boluarte se esté curando en salud y preparando su propia solicitud de asilo dentro de poco.
Este proceso esperamos sea premonitorio y todos los responsables del saqueo al Estado por corrupción, asuman las consecuencias de sus actos y empecemos a reconstruir la sociedad.
Nuestro respeto y homenaje al papa Francisco, pastor por la inclusión y el respeto a las diferencias, defensor de la vida y los más débiles.
