El sábado último en Junín, el presidente Pedro Castillo ha dicho que “por última vez” tiende la mano al Congreso a fin de lograr un consenso, lo que sin duda es una amenaza al Poder Legislativo autónomo que no tiene por qué sentarse en una misma mesa con un mandatario con cinco investigaciones por presunta corrupción y que de no ser por su investidura, tendría que estar bajo prisión preventiva.

Ha dicho el mandatario que hará una “cruzada nacional para defender la democracia” en caso el Congreso siga buscando su vacancia. ¿Acaso el jefe de Estado movilizará turbas para atacar un Poder del Estado? Esta “advertencia” parece más bien una amenaza para cerrar el Legislativo, algo que propone la izquierda golpista a través de comunicados.

El mandatario debería saber que si cierra el Congreso sin cumplir con lo establecido en la Carta Magna, nadie estará en la obligación de obedecerlo, y menos las Fuerzas Armadas y la Policía, al haberse salido de la legalidad.

En ese caso, digan lo que le digan sus asesores y abogados dudosos, no habrá otro camino que la cárcel. En una situación como esa no lo van a salvar ni sus ministros adulones, ni los tuits de Guido Bellido o Guillermo Bermejo, ni las cartas que manda Luis Almagro desde la OEA. Eso debería tenerlo muy claro. Mucho cuidado que el penal Barbadillo no está muy lejos de Palacio de Gobierno.