La Carrera Pública Magisterial (CPM) se ha consolidado hasta el punto de que, en los últimos años, se ha nombrado a alrededor de 97 mil profesores, pasando del 51% al 71%; y aproximadamente el 50% ha ascendido a escalas superiores dentro de la CPM. Esto representa un avance significativo en sus haberes, donde priman las evaluaciones, los méritos y el cumplimiento de requisitos para acceder a plazas orgánicas del escalafón magisterial (noviembre de 2025: sueldo mínimo de 3,500 soles en la primera escala, con respaldo del SUTEP).
Sin embargo, sigue pendiente la dignificación de las pensiones de aproximadamente 130 mil docentes cesantes y jubilados de las leyes 19990 y 20530, cuyas remuneraciones han quedado en niveles vergonzosos. La pensión promedio mensual que perciben es de 800 soles. Esta injusticia provoca que muchos colegas en actividad, pertenecientes a la actual CPM, no deseen alcanzar los 65 años. ¿Por qué? Porque sus haberes —que podrían incrementarse, en base a la “meritocracia magisterial”, hasta en un 110% respecto a la primera escala— perderían su valor al momento de jubilarse.
Por ello, resulta plausible que el Congreso haya aprobado, en primera votación, un proyecto de ley para incrementar las pensiones de los profesores cesantes y jubilados hasta un monto equivalente al sueldo mínimo de un maestro en actividad de la primera escala de la CPM. Lo que se espera ahora es que no se preste atención a ciertos funcionarios —dentro y fuera del estado— que no valoran que estos educadores, que entregaron su vida a la educación nacional, reciban pagos miserables. El Congreso debería, como imperativo ético, ratificar en segunda votación el aumento de las pensiones para los maestros cesantes y jubilados. Puede ser progresivo.
