Existen dos casos de alcaldes provinciales que ilustran con mucha claridad el riesgo de elegir en cargos públicos a personas con procesos judiciales abiertos por delitos dolosos. Me refiero al burgomaestre provincial de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto; y a su homólogo de Cusco, Víctor Boluarte Medina, quienes han sido condenados en dos instancias y tienen que irse a sus casas a menos de un año de haber iniciado sus gestiones.

Marcelo Jacinto, del partido de César Acuña, fue alcalde distrital de La Esperanza por tres periodos seguidos. En esos años le fue abierto un juicio por el delito de negociación incompatible por la compra de bloqueadores de líneas de teléfonos celulares para el crítico penal El Milagro, de donde se producen cientos de extorsiones todos los días. El proceso siguió su curso y ahora ha sido ratificada su condena de cuatro años de prisión suspendida, por lo que tiene que dejar el cargo.

Esta sanción lo encuentra ocupando el cargo de burgomaestre provincial del Trujillo, por lo que en los próximos días tendrá que ser vacado y reemplazado hasta el final de su mandato. Algo similar sucede en Ciudad Imperial, donde el alcalde Boluarte Medina atraviesa la misma situación por un caso que viene de cuando era decano del Colegio de Abogados de Cusco. Su sanción es por un año, por lo que su alejamiento del puesto sería temporal.

Lamentablemente, las normas electorales vigentes permiten esta especie de estafa a los votantes, pues eligen a un candidato que al cabo de unos meses o años tiene que irse a su casa, para dar paso a quien nadie eligió para el puesto. Además, todo cambio de autoridad implica demoras, adecuaciones y salidas de funcionarios que, a la larga, afectan el desarrollo de una gestión que de por sí siempre viene acompañada de dificultades.

Hoy que estamos a pocas semanas de unos comicios parlamentarios, miremos bien a quién vamos a elegir, a fin de no llevar al Congreso a gente que luego podría ser sentenciada, con el agravante de que, en el caso de los legisladores, estos tendrán una inmunidad que impedirá el accionar de la justicia. Recordemos los casos de Edwin Donayre y Benicio Ríos, también del grupo político de Acuña, que irónicamente cuenta con aceptación entre los electores, según las encuestas.

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