Recientemente, el presidente de la República, José Jerí, anunció que solicitará facultades legislativas al Congreso para, entre otros temas, impulsar una nueva Ley de Industrias. Para quienes recordamos su labor parlamentaria, esta iniciativa no es novedad. De hecho, algunos (entre los que me incluyo) apostamos a cuánto se demoraría en ponerla sobre la mesa. Hacia fines de 2023, Jerí presentó el Proyecto de Ley N.º 5892/2023-CR, que proponía exoneraciones tributarias para actividades específicas, bajo el argumento de que experiencias similares existieron en Corea del Sur y Singapur. Si el Ejecutivo pretende replicar esta iniciativa mediante decreto legislativo, cometería un grave error. Lo mencionamos anteriormente: una política industrial seria no elige sectores “a dedo”, sino que se basa en análisis técnicos que identifican industrias con ventajas comparativas reales. Además, el proyecto sugería premiar a empresas que usen materias primas locales y castigar a quienes utilicen insumos importados, ignorando que ello contraviene la Constitución y los TLC vigentes, que garantizan el trato nacional igualitario. Esto recuerda a la Industrialización por Sustitución de Importaciones de los años sesenta, que generó productos más caros y de menor calidad, beneficiando a unos cuantos industriales en perjuicio de los consumidores. En un escenario fiscal complicado, ¿sería acertado implementar exoneraciones tributarias? La ministra de Economía, Denisse Miralles, tendrá que bailar con la más fea: enfrentar políticamente una propuesta populista —e incluso mercantilista—, fiscalmente insostenible y técnicamente injustificable, por más que provenga del propio presidente.
