El 2024 concluye con un panorama sombrío para el gobierno de Dina Boluarte. Desde el inicio, su mandato careció de legitimidad y expectativas, dado su rol como parte del gobierno del expresidente y dictador Pedro Castillo. Su ascenso al poder no fue resultado de un proyecto político sólido, sino de un contexto de crisis política. A lo largo del año, Boluarte ha demostrado falta de liderazgo, agravando la desconfianza en su gestión.
La corrupción ha sido un sello distintivo de este gobierno. Escándalos recurrentes y la falta de respuestas contundentes ante denuncias han reforzado la sensación de descomposición institucional. A esto se suma una crisis de inseguridad ciudadana sin precedentes, con el auge del crimen organizado, sicariato, robos, extorsiones, secuestros que han sembrado el miedo en la población.
La agenda económica del gobierno se ha reducido a gestos populistas, como el aumento del salario mínimo, que no han logrado aliviar tensiones sociales ni incentivar la inversión. Al mismo tiempo, la inacción frente a demandas estructurales de la población.
El gobierno de Boluarte ha optado por sobrevivir en lugar de gobernar. Es urgente un cambio de enfoque. Los partidos y actores con credibilidad deben construir consensos mínimos para rescatar la institucionalidad y abordar retos pendientes. Sin ello, el 2025 podría marcar un nuevo descenso en el deterioro político y social del Perú.
