El ministro Carlos Basombrío exhibe ímpetu, empeño, pero eso no le alcanza para estar en azul si nos atenemos al clima de violencia e inseguridad que vive el país.

Antes de alojarse en el Mininter, aseguró que conocía “al monstruo por dentro” y garantizaba una gestión con resultados. Luego, ya instalado en Corpac con el aval total de PPK, reiteró que dominaba el ministerio “de arriba abajo”.

¿Qué ha pasado entonces? Porque lo tangible es que el “monstruo” empieza a devorárselo con zapatos y todo, y su desesperación es tan evidente que hasta le tiró el muerto al director de la Policía Nacional, general Vicente Romero, emplazándolo a que, en marzo, al menos el 25% de la población debe advertir que la PNP está vigilante frente a los asesinatos, violaciones, secuestros, chantajes, atracos, arrebatos, cogoteos, robos, raqueteos y asaltos de cada día.

Y es que un informe del INEI, de noviembre de 2016, revelaba un mínimo histórico en cuanto a custodia, 19.7%, por parte de la institución policial, cifra que, en el entender del titular del portafolio de Interior, desinfla todos los esfuerzos del Gobierno, incluida la compra de miles de patrulleros, para salvaguardar las calles. Algunos interpretaron esta pataleta pública y oficial como una lavada de manos y cunde la sospecha.

Bajo esta atmósfera de desazón ciudadana y el propio fastidio de Carlos Basombrío por los alarmantes números imperantes, habría que recordarle al ministro que cuando uno no es parte de la solución, entonces es parte del problema y, por ende, se impone una drástica decisión que en este caso tendría que ser la renuncia.

Y no le estamos sugiriendo algo que no esté en su agenda: “Si las cifras de inseguridad (ciudadana) no bajan a final de año, me voy”, dijo no hace mucho. Faltan varios meses para que acabe 2017; no obstante, la paciencia de la población ya tocó fondo ante la sangre inocente que se derrama por todos lados, y la crítica irá a la par con el accionar inexorable del crimen organizado y la delincuencia común. El programa de recompensas aparece como el caballito de batalla del Gobierno, cuando más bien la premisa debería ser invertir para prevenir la aparición de esta gama de delincuentes.

Piénselo, ministro.

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