El reciente escándalo sobre la autorización para que la presidenta Dina Boluarte y sus ministros acepten regalos, viajes y donaciones sin tope económico es una muestra clara del deterioro institucional que vive el país. Esta directiva no solo despierta indignación, sino que refuerza la imagen de una gestión desconectada de la realidad.
Mientras millones de peruanos lidian con la inflación, la inseguridad y la precariedad de los servicios básicos, el Ejecutivo se otorga beneficios que rayan en el abuso. Lo más alarmante no es solo el privilegio en sí, sino la ausencia total de controles y fiscalización. Ni el Congreso ni la Contraloría han levantado la voz o exigido explicaciones por una norma firmada desde Palacio que claramente vulnera principios elementales de ética pública y transparencia.
La idea de que quienes gobiernan puedan recibir “cortesías” sin límites es peligrosa. Abre la puerta al clientelismo, al tráfico de influencias y al retorno de prácticas que creíamos superadas. El mensaje que se transmite es que el poder no se ejerce como una responsabilidad, sino como un botín.
El país necesita instituciones que rindan cuentas, no autoridades que se sirvan del Estado para su beneficio personal. La presidenta y sus ministros deben entender que representar al Perú no significa vivir por encima de los peruanos. Urge derogar esta norma, rendir cuentas públicamente y devolverle al ejercicio del poder el mínimo de decencia que exige una democracia.
