El tira y afloja entre el Congreso y el Ejecutivo alcanza un nuevo escalamiento esta semana. Si por un lado el Tribunal Constitucional desestimó que Pedro Castillo haya cometido traición a la patria, por el otro, ha admitido la demanda competencial del Congreso y concedido una medida cautelar a su favor, evitando así la interpretación del Ejecutivo que sostenía que el Parlamento le había negado la confianza a Aníbal Torres, gastando así su bala de plata.

Lo que ha trascendido del informe de la OEA poco ayuda al gobierno, más allá de un llamado al diálogo y dirimir los conflictos entre poderes del Estado a través del marco constitucional, no hubo más. Por su lado, en la Comisión de Constitución del Congreso se aprobó que siga a trámite la propuesta de adelanto de elecciones y también el reglamento del procedimiento para la suspensión presidencial, el cual permite su ejecución con una mayoría simple de 66 congresistas, más o menos el número de curules que alcanza la oposición en el hemiciclo.

Ante este escenario el presidente Castillo tendrá que tomar uno de dos caminos posibles. El primero es continuar por la vía confrontacional que inauguró Aníbal Torres con el pedido de confianza y que continuaría la premier Betssy Chávez, figura poco querida por sus colegas congresistas y cuyo posible desenlace no conduce necesariamente a puerto seguro.

La otra opción es virar nuevamente a la estrategia de contención y negociación con las mayorías congresales, que le ha permitido a Pedro Castillo permanecer en el poder por un año y medio, y que fue desplegada en su momento por Mirtha Vásquez y posteriormente por Aníbal Torres, que si bien ha producido la inestabilidad que padecemos, también ha sido útil para mantener al régimen.

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