El Perú respecto del histórico problema de Bolivia de lograr una salida soberana al mar tiene una política exterior muy clara: es un asunto bilateral que mantiene el país altiplánico con Chile y punto. Por tanto, en nada nos asiste considerar una participación directa ni indirecta. El mismo juicio que mantienen los dos países en la Corte Internacional de Justicia, luego de que La Paz demandara ante el máximo órgano judicial de la ONU que Chile quede obligado por esta a sentarse a negociar una salida al océano Pacífico, es un asunto ajeno al Perú. Si la Corte decide que el juicio sustantivo continúa, es probable que nuestro país sea aludido insistentemente por las partes. No debería sorprendernos. Ya sucedió una cosa parecida en el caso de la controversia jurídica de delimitación marítima que recientemente la CIJ solucionó para el Perú y Chile cuando este país refirió insistentemente a Ecuador. Cuando eso sucede la Corte, conforme su propio estatuto y reglamento, establece claramente que solicitará al estado aludido si desea o no participar del juicio como estado interviniente dándole un plazo para que así lo haga saber. Todos recordamos como la prudencia ecuatoriana hizo desistir a Quito de participar y se mantuvo al margen. El Perú también deberá hacer lo mismo. No especulemos aquello que no existe. La Corte no tiene capacidad para decidir nada sobre Arica y no solo porque no le ha sido invocado por el demandante, sino porque cualquier cesión sobre esta antigua ciudad peruana a un tercer país deberá ser consultada por Chile al Perú y necesariamente deberá contarse con una decisión entre ambos países previamente, así está consagrado y de manera expresa en el artículo 1° del Protocolo Complementario del Tratado de Lima de 1929. No mezclemos papas con camote.