A estas alturas, podemos afirmar que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, parece dispuesto a decir cualquier disparate con tal de no pasar desapercibido y proyectarse como un gran estratega en la lucha contra la criminalidad. Lo preocupante es que, en su afán por generar impacto, ha llegado a señalar a ciudadanos inocentes como delincuentes. Recientemente, acusó erróneamente a un sereno de la Municipalidad de Lima y a un empresario de ser extorsionadores.
Más allá del bochornoso error, estos hechos ponen en entredicho la credibilidad del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú. Justo cuando el país demanda un plan serio y estrategias efectivas para enfrentar la ola delictiva, el responsable de liderar esta lucha solo logra generar incredulidad y burlas con sus desaciertos.
Mientras tanto, la violencia sigue en escalada. En lo que va del 2025, se ha registrado un homicidio cada cuatro horas en el Perú, sumando ya 164 asesinatos en enero. Y la situación no se detiene ahí: según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 20% de los peruanos ha sido víctima de extorsión en los últimos doce meses.
Es evidente que la seguridad ciudadana requiere un liderazgo responsable y eficiente. No es momento para improvisaciones ni discursos efectistas. El Gobierno tiene la palabra y el deber de cambiar esta historia.
