La presidenta Dina Boluarte ha reincorporado al censurado Juan José Santiváñez al Ejecutivo, nombrándolo jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental (OGMI), un puesto de reciente creación que le asegura un sueldo mensual de S/17,568.Su retorno se produce a menos de un mes de haber sido destituido por el Congreso, tras su evidente fracaso en la lucha contra la inseguridad ciudadana y en medio del alarmante incremento de homicidios, extorsiones y casos de sicariato. Basta recordar que, durante los 309 días que Santiváñez estuvo al frente del Ministerio del Interior —del 16 de mayo de 2024 al 21 de marzo de 2025—, se registraron 1,818 homicidios en el país. Es decir, al menos seis personas fueron asesinadas cada 24 horas bajo su gestión.
Este récord de violencia expone la absoluta incapacidad de Santiváñez para enfrentar la criminalidad que asfixia a los peruanos. Por eso resulta inaceptable que Boluarte haya decidido premiarlo con un nuevo puesto y una remuneración privilegiada. ¿Se trata de un reconocimiento a sus “méritos” o de un pago por la férrea defensa que ofreció a la mandataria desde el Ministerio del Interior?En lugar de exigir resultados y rendición de cuentas, el régimen de Boluarte se empeña en blindar la mediocridad y premiar la ineficiencia, socavando aún más la ya frágil confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
