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Una denuncia vinculada a la semana de representación del Congreso ha levantado una caja de Pandora de dimensiones insospechadas. A estas alturas ya no solo alarman las aberrantes justificaciones a los malhadados informes, sino la forma obtusa en que algunos legisladores responden tras ser justificadamente cuestionados, lo que revela su dimensión moral. Gino Costa, por ejemplo, ha reconocido que el bono de S/2800 le vino bien y le dio la holgura económica de la que en un momento carecía. Es decir, Costa no cuestiona ni se siente aludido por el hecho de que al ser un legislador de Lima no le corresponde cobrar los viáticos que se transfieren para logística, traslado y alimentación -de los que no ha hecho uso-, y tampoco repara en que en todo este tiempo se embolsicó un dinero de todos los peruanos que no le correspondía. Igual que muchos, como casi todos, Costa chapó la plata y le importó muy poco despreciar la ley, recurrir al recurso y apelar a la burda justificación. Con el mismo talante, desafiante y fresco, Carlos Bruce ha dicho que no tiene por qué rendir cuentas de su representación, según él, porque eso de hacer reportes no está ni en la Constitución ni en ninguna ley, y tampoco está en el reglamento. ¿Y por qué sí puede cobrar un dinero que tampoco está en la ley? ¿Qué clase de ética profesa quien, descaradamente, sostiene que no está obligado a rendir cuentas de algo por lo que cobra? ¿Sus electores estarán de acuerdo con eso? Es necesario que la semana de representación se elimine y que el país tome nota de los políticos de precarios principios que se sienten intocables y cuya falta de idoneidad moral debería excluirlos de la administración pública.