Cuando todo en el Estado parece aceptación de una presunta normalidad signada por el drama, la Defensoría del Pueblo levanta su voz para representar a una sociedad en grave indefensión. Pasaron cinco meses y las estrategias sanitarias no han funcionado. Las cifras oficiales de infectados y fallecidos en el Perú son de horror. Y lo serán más cuando eliminado el “subregistro” conozcamos los verdaderos números. No hay lugar para autocomplacencias ni triunfalismos. Deben escuchar a los especialistas que en su momento advirtieron de los errores y nunca fueron llamados. Los que no saben repiten estrategias sin resultados.

Ante esta situación, que el Defensor del Pueblo califica como “devastadora”, pide al presidente Vizcarra reenfocar la estrategia contra el COVID-19. Walter Gutiérrez pone esta pica en Flandes como primera idea fundamental seguida de una segunda que es cuestionar la falta de transparencia del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones para evitar más contagios por coronavirus.

Su carta es un alegato social ante quienes buscan limpiar su conciencia y “hacen recaer la principal causa del repunte de contagios en una pretendida población irresponsable y desorganizada”. No es así y Gutiérrez lo dice y defiende bien.

La exigencia de transparencia tiene que ver con el derecho a la información. Con las decisiones de la gestión estatal y con el desfase informativo del sistema nacional y regional. Y ello porque a pesar de la gravedad gran parte de los medios difunde sin cuestionar las políticas del  gobierno a pesar de los muy malos resultados.

No solo reenfocar la estrategia de lucha contra la pandemia y sus efectos colaterales, cambiarlas radicalmente con el consejo de expertos hasta ahora malamente excluidos. En lugar de culpabilizar a la sociedad es momento del protagonismo de las células básicas de la comunidad. Y de decir basta a restricciones de derechos que ya demostraron ser inútiles, ineficaces y hasta peligrosas.

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