Este cuatro de marzo se inició el juicio oral contra Pedro Castillo, los exministros Aníbal Torres, Betssy Chávez y Willy Huerta y tres oficiales de la Policía Nacional, por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, debido a que el 7 de diciembre del 2022, se intentó un “golpe de Estado”, lo que motivó que el profesor sea detenido mientras de dirigía a la Embajada de México por asilo político.
La Fiscalía ha pedido 34 años de prisión para Pedro Castillo y una reparación civil por S/ 65 millones, y entre 15 y 25 años para los coacusados.
La defensa del expresidente refuta los cargos sosteniendo que leyó un “mensaje intrascendente”. Los coacusados niegan su participación sosteniendo persecución política.
Tres aspectos permiten evaluar este proceso penal: 1. La vacancia presidencial ingresada, debatida y “aprobada”, violó el reglamento del mismo Congreso, pues necesitaba 104 votos y solo consiguió 101. 2. Este intento de golpe fue la tentativa de un delito imposible, buscando librarse del tercer intento de vacancia presidencial, fracasados los de diciembre 2021 y marzo 2022. 3. Se pretende juzgarlo por delito de rebelión sin que haya usado una sola arma.
Los actos de corrupción de los que se le acusa son, por magnitud y montos, menores en relación a latrocinios cometidos por otros gobernantes, como narra Alfonso Quiroz en “Historia de la corrupción en el Perú”. Alberto Fujimori fue juzgado por corrupción y delitos de lesa humanidad, no por el golpe de Estado de 1992.
