El mundo convulsionado por la arbitrariedad con la que Trump ejerce su poder espera que algunas de sus medidas sean anuladas por el Congreso o por el Poder Judicial. En teoría ambos poderes pueden limitar los excesos, especialmente las órdenes ejecutivas, aunque el proceso es complejo. Son directivas supremas que no requieren aprobación del Congreso, pero este puede contrarrestarlas mediante leyes con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para anular el veto presidencial, pero es poco probable. El Congreso sí puede restringir la financiación para implementar una orden ejecutiva, limitando su efectividad. Los tribunales pueden declararlas inconstitucionales por exceder el poder recibido de las urnas. En su primer mandato varias de sus acciones enfrentaron la oposición legal y legislativa como la Orden sobre Prueba de Ciudadanía para Votar, fue bloqueada por una jueza federal por exceder la autoridad presidencial en asuntos electorales. Igual sucedió con la que buscaba eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión en las escuelas, bloqueada por jueces constitucionales. Y en cuanto a las políticas de Inmigración, las deportaciones ya han merecido decisiones judiciales que Trump debe acatar. Como le dijo el presidente del Tribunal Supremo “el rey acata la ley”. Es cierto que la mayoría republicana en las dos cámaras atenta contra el equilibrio de poderes, pero Trump enfrenta ahora una extensa oposición ciudadana que se ha volcado a las calles de los cincuenta estados de la Unión, la que no tardará en llegar a Washington como mensaje disuasivo para los congresistas notificados de que su ansiada reelección puede no llegar. La separación y el equilibrio de poderes, cheks and balances, es el principio base de la democracia de EE.UU. y debe seguir siéndolo.
Sentidas condolencias para el mundo por la partida del gran Francisco, el papa más revolucionario de nuestro tiempo.
