La constitución chilena vigente fue aprobada el 8 de agosto de 1980 durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet y sometida a ratificación mediante un plebiscito sin registros electorales el 11 de septiembre de 1980, para promulgarse el 21 de octubre del mismo año.

Desde los estallidos sociales de octubre del 2019 se debate en Chile la necesidad de una nueva Constitución frente al agotamiento de la Carta Magna impuesta por Pinochet.El primer intento fracasó cuando el referéndum del 4 de septiembre de 2022, rechazó la propuesta “refundacional” con el 62% de voto en contra. Algunas explicaciones se dan por el desprestigio de los partidos políticos de todas las tendencias, inmersos en escándalos de corrupción, también por el excesivo énfasis en los derechos de las minorías sociales.

El segundo intento fracasó este 17 de diciembre del 2023, con el 55% de votos en contra en el plebiscito al que se sometió la propuesta considerada aún más conservadora que la Constitución vigente de Pinochet, aunque reformada varias veces y defendida por José Kast político de extrema derecha.

Se espera que en Chile se pueda desarrollar un debate aunque intenso menos apasionado, que aglutine a los sectores sociales y reafirme la necesidad de construir un Chile con menos desigualdades, con un Estado que propenda al bienestar financiado por los impuestos que paguen todos en forma proporcional a sus ingresos y la riqueza que posean.

Un Estado que brinde una base mínima de servicios de salud, educación e infraestructura social de calidad, al alcance de todos sin exclusiones, discriminación ni explotación.

Los extremismos y los maximalismos impiden, muchas veces, avanzar hacia una sociedad más justa con igualdad de oportunidades para todos.