Qué puede esperar el ciudadano de a pie es que asaltado, extorsionado o es testigo de cómo le asesinan a un ser querido por robarle un teléfono celular, si ve por un lado que la Policía Nacional es descabezada por una cuestionada decisión judicial, y por otro, cada día confirma que tiene un Ministerio Público politizado e ineficiente, dedicado a soltar peligrosos delincuentes a pesar de las evidencias con que son arrestados, y a perseguir a policías que usan sus armas para frenar el delito.

Dos de los principales bastiones en la lucha contra la criminalidad se encuentran en estos momentos en una severa crisis, como si el Perú fuera Suiza o Finlandia, y la persecución y sanción a los delincuentes no fuera una prioridad y un clamor de los ciudadanos que están hartos de no vivir en paz. Pregunten cómo trabajan los choferes de transporte público que casi a diario son baleados dentro de sus unidades, incluso cuando llevan pasajeros que nada tienen que ver en las extorsiones.

En el caso del comandante general de la PNP, general PNP Víctor Zanabria, la decisión de un juzgado de Arequipa de suspenderlo de sus funciones y descabezar a la institución, se origina en un pedido del Ministerio Público, a favor de la separación por 18 meses del jefe policial, a quien se investiga por los presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad tras ser acusado de poner a trabajar de manera irregular a agentes en labores de albañilería, para la refacción de ambientes de la institución.

Lo del Ministerio Público es ya una constante. Muchos fiscales, o son unos completos ineptos o están coludidos con criminales a los que devuelven a las calles con sospechosa rapidez. ¿Qué sanción hay para ellos por el daño que hacen a la ciudadanía? Claro, es el efecto de tener una fiscal de la Nación que no acata fallos y resoluciones, y una Junta de Fiscales Supremos con gente cuestionada que hace tiempo debió ser enviada a su casa para dar paso a una renovación total de la institución.

Ambas situaciones son una pésima señal al ciudadano, al mototaxista que tiene que pagar cinco soles diarios para que no lo maten, a la señora que le roban el celular mientras va al mercado, al taxista que lo despojan del auto con el que trabaja, o a la familia que le desvalijan la casa por irse a visitar un pariente. Ojalá que todo esto no lleve al hartazgo, que más tarde haga que se elija a gente que ofrezca una “revolución” para acabar con situaciones como estas. Ya lo vimos en 2021 tras la pandemia, y sabemos cómo terminó eso.