¿Qué está pasando en el proceso de negociaciones que el Gobierno de Colombia emprendió hace ya casi dos años con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)?. Todo parece indicar que la voluntad por conseguirlo no está del todo clara. Hace pocas semanas 7 policías fueron asesinados por las FARC y ahora acaban de secuestrar al general del ejército colombiano Rubén Darío Alzate, junto a dos de sus acompañantes, en el departamento de Chocó. El presidente Santos acertadamente acaba de suspender la negociación en La Habana hasta que no sea liberado el general Alzate. Llama la atención que las FARC tiren al tacho todo un proceso que tiene el objetivo de alcanzar la paz permanente en Colombia en cerca de 50 años. Ha sido un error que ambas partes decidieran que no se suspendían las acciones armadas mientras prosperaba el entendimiento en Cuba. Esta situación le ha dado margen de operatividad a las FARC y resulta muy grave por dos cuestiones sustantivas. La primera jurídica: el secuestro de personas para convertirlas técnicamente en rehenes colude con las reglas del derecho internacional humanitario previstas en los Convenios de Ginebra de 1949. Las FARC -por esta práctica- comenzaron a ser consideradas como agrupación terrorista porque no respetan las reglas convencionales. Lo segundo es político. Santos sabe que fue reelegido para un segundo mandato porque los colombianos quieren la paz permanente. La mayoría de la población en este país de casi 50 millones quiere que acabe la guerra interna y por eso vio siempre con buenos ojos los esfuerzos del presidente. Esa intención también se ha visto reflejada en el Parlamento nacional donde Santos pudo alcanzar acuerdos que le han dado la mayoría necesaria para allanar el camino hacia la paz permanente que hoy se ve amenazada. Veremos.