Hace algunas semanas, en esta columna, divulgamos la visión, los propósitos y las orientaciones estratégicas del nuevo Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036, elaborado por el CNE, Pero: ¿Cómo lograr que lo señalado sea promovido en la gestión educativa nacional, regional, local e institucional? Para el efecto, el PEN considera un conjunto de “impulsores para el cambio”. Estos son: (i) La acción educativa debe ser concebida desde la complejidad de las personas, a lo largo de la vida y en sus respectivos contextos, reconociendo la centralidad del aprendizaje en función de sus necesidades, características y aspiraciones(Las experiencias educativas deben atenderse superando las fronteras sectoriales del Estado).(ii) Garantizar que las instituciones de enseñanza de todo el sistema educativo cuenten con autonomía, asegurándoseles las atribuciones y funciones respectivas, así como los recursos para fortalecerlas como espacios pertinentes e innovadores del trabajo profesional colegiado. Para este fin deben redefinirse las competencias de las demás instancias de gestión educativa descentralizada. iii) Fortalecer el carácter público de la educación en el marco de un sistema educativo nacional que comprende instituciones educativas tanto estatales como no estatales, para lo cual el Estado debe garantizar que todo servicio educativo, independiente de quien lo brinde, se desarrolle satisfaciendo las condiciones básicas de calidad, superando las inequidades y exclusiones, y fomentando el bienestar de los estudiantes. Es muy importante, a todo esto, fortalecer la educación estatal gratuita favoreciendo la cohesión social y el encuentro de las diversidades. Y (iv) Incrementar en forma sostenible los montos asignados para el financiamiento público de la educación de manera que sea suficiente, se asigne de modo proporcional a las necesidades de las personas y se utilice de modo eficaz y eficiente para lograr la calidad educativa y la igualdad de oportunidades.
