La amnistía para los militares y policías que combaten el crimen organizado no es la solución al problema, como lo propone Alianza para el Progreso (APP), cuyo líder César Acuña está experimentando el avance de la extorsión, el sicariato y los secuestros en la región La Libertad, donde hace unos días el estado de emergencia cumplió un mes.
El crimen organizado en Trujillo lleva cerca de 20 años en evolución, tiempo en el que los gobiernos de turno han probado diversas medidas desacertadas contra la delincuencia, y que hoy parecen repetirse. Ni la represión en la época del “Escuadrón de la Muerte” logró acabar con el hampa: más de 50 delincuentes fallecieron y dieron paso a sus sucesores.
Eran tiempos violentos que se quisieron combatir con más violencia y sólo originaron muertes: hubo una guerra de bandas que todos aplaudían porque, ingenuamente, pensaban que entre ellos se estaban extinguiendo, cuando lo real es que pugnaban por la hegemonía de Trujillo. Así también, la lucha a balazos entre policías y delincuentes se frenó con la muerte de un inocente.
Aunque en esa época tampoco había una amnistía para policías, estos actuaban con licencia para matar bajo el manto protector de las autoridades. No era necesario contar con una ley que los cubriera, y aún así fracasaron. Lo único que lograron es que los grupos criminales cambiaran de nombre: “Los Pulpos nueva generación” son una facción de “Los Pulpos”.
Queda claro, entonces, que no se trata de estrategias represivas, cuando lo que se necesita es inteligencia y tecnología. Un punto a favor del Ministerio del Interior es que se haya anunciado el cambio de los agentes en Trujillo, quienes no han demostrado diligencia en la reducción del avance del crimen organizado.
