Está en curso un nuevo periodo de enfrentamiento político, e incorpora organismos que debieran respetar la institucionalidad y neutralidad política. La ampliación de la legislatura del Congreso busca aprobar reformas constitucionales sin legitimidad ni legalidad, como la bicameralidad, ampliación de plazos electorales y blindaje de Manuel Merino, además de censurar al Ministro del Interior.

La Fiscalía de la Nación busca crear un organismo especializado en temas de corrupción al más alto nivel del Estado, por supuesta complicidad corrupta de miembros de poderes del Estado, incluyendo un exministro y familiares prófugos del presidente.

Las elecciones regionales y municipales de octubre no despiertan interés en la ciudadanía. Aún no conocemos a los candidatos por la lenta resolución de los organismos electorales y queda pendiente resolver el incumplimiento de las reglas electorales por agrupaciones políticas que podrían quedar excluidas.

En el otro sector, la renuncia del presidente Pedro Castillo a Perú Libre agrupación que lo llevó al gobierno; la inflación, recesión y escasez de alimentos amenazan acelerar los conflictos sociales y la disconformidad. Mientras, no termina la amenaza del coronavirus y persiste el desempleo en nuestra economía. No la tiene fácil este gobierno si no enmienda rumbos y, rápidamente.

No habrá desenlace aún, sea por vacancia presidencial o por disolución del Congreso. La crisis política y el desgaste continuarán por la debilidad de los actores políticos, salvo que la movilización ciudadana obligue a un “váyanse todos”, lo que no desean ni el Congreso ni el Ejecutivo. Estamos frente a un escenario de empate político, pero empate por debilidad.

Aquel sector que rompa el empate y logre mayor respaldo, afianzará su posición. Las mayores posibilidades las tiene el Ejecutivo si escucha atentamente, enmienda rumbos, construye equipos y ejecuta planes concretos de solución a problemas. Aún está a tiempo.