Ahora que soplan vientos de eficiencia y honestidad en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) bajo la presidencia de Roberto Burneo, tras el nefasto paso por el cargo de su antecesor Jorge Salas Arenas, en cuya gestión se llevó a cabo un proceso electoral general cuestionado y hasta se dio luz verde a la inscripción del partido de un asesino como Antauro Humala, es de esperarse que se aplique con rigor la ley a fin de sancionar a aquellas autoridades públicas que hagan campaña pese a la neutralidad que deben exhibir.
Me refiero específicamente al caso de ciertos congresistas en que ávidos por lograr la reelección y no volver al anonimato político de donde quizá jamás debieron salir, han comenzado a hacer campaña de manera descarada. Lo hemos visto a través de un reportaje de Cuarto Poder el domingo último. Allí están. Los hay de todas las tiendas políticas: de izquierda, de derecha y de centro. Son los que aún no han acabado su mandato, pero ya están buscando votos para quedarse hasta el 2031.
Un caso aparte es el del gobernador de La Libertad, César Acuña, que como hemos informado en Correo La Libertad, ha estado en Piura en un evento partidario en que se promovió su postulación presidencial. Más allá de lo cuestionable que puede ser que abandone su región que se desangra en medio de una ola de violencia, sería bueno preguntarnos dónde queda la exigida neutralidad. Ojo que en 2016 este señor fue expectorado de la carrera electoral por regalar plata en las calles, algo prohibido por ley.
Hace algunas semanas cuestionamos que se haya aprobado en la Comisión de Constitución del Congreso un dictamen que permitiría a los parlamentarios dejar de lado la neutralidad que se exige a los funcionarios públicos en tiempos de campaña, a fin de que puedan salir libremente a cazar votos, incluso en las semanas de representación que, pienso, deberían ser suspendidas hasta el fin de la primera vuelta electoral. Esto aún no se ha aprobado en el Pleno, pero varios ya están actuando como si el proyecto estuviese vigente.
El JNE tiene que actuar con el máximo rigor que le permite la ley al momento de sancionar a todos aquellos, vengan de donde vengan y sin importar el color de su camiseta, que crean que pueden hacer lo que les dé la gana, aunque luego se pongan a gritar que son objeto de “discriminación” o “persecución política”. Para que los resultados de un proceso electoral sean incuestionables y los elegidos cuenten con absoluta legitimidad, no se pueden permitir sacadas de vuelta a las normas como las que comienzan a asomar.
