El diseño constitucional actual ha permitido el avance de la corrupción con la consiguiente pérdida de legitimidad del poder, que aún está lejos de superarse. Las reformas político-electorales planteadas por el Poder Ejecutivo y que llevaron al cierre del Congreso de la República son, hasta ahora, insuficientes y se vienen implementando distorsionadas o parcialmente.

En estas elecciones del 26 de enero del 2020, ha sido excluida casi una cuarta parte de los candidatos inicialmente inscritos, aplicando de manera burocrática y formalista las normas legales vigentes y hasta, en muchos casos, en contra de leyes vigentes al pretender obligara la inscripción registral.

Hay más, el Reglamento de Organizaciones Políticas, publicado el 7 de diciembre del 2019, establece que, las organizaciones políticas inscritas, deben adecuarse en 90 días a las nuevas reglas de inscripción que aprobó el Congreso.

Las normas aprobadas discriminan abiertamente a los movimientos y partidos regionales. No lo dicen, pero los plazos y requisitos pueden determinar la desaparición de una gran parte de las actuales agrupaciones inscritas. Si además el JNE ignora principios básicos de participación ciudadana, se terminaría sepultando la aspiración de democratizar y fortalecer la política en el Perú.